El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal al verificar que “casi el 50% de los comedores a los que asistía el Gobierno anterior eran inexistentes y uno ‘funcionaba’ en un country”.

La denuncia -según supo Infobae- es por “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”. La legislación impone que los funcionarios que autorizaban la salida de alimentos para los sectores más vulnerables de la sociedad debían controlar a qué lugar iban la comida, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas asistían. Nada de eso ocurrió.

El escrito tiene correlación con lo que ya adelantó este medio, que toneladas de alimentos secos salían de los depósitos del ex ministerio de Desarrollo, los palets eran cargados en camiones fletados por el organismo y de allí terminaban en galpones de las organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la mayoría alineada con el entonces gobierno de Alberto Fernández, y en menor medida a movimientos piqueteros.

Sin embargo, esta es la primera vez que la Subsecretaria Legal de Capital Humano, a cargo de Leila Daniela Gianni, da nombres de comedores “inexistentes”. Algunos de los ejemplos volcados en la denuncia son: “Conquistando Sonrisas”; “Pequeños Gigantes de Quilmes”; “Cielos Abiertos”; “Luz de Luna de Pereyra”; “Esperanza”; “Los Peques de San Alberto”; “Luz y Esperanza”. Estos lugares, precisa el escrito, “no funcionan como tal”. Es más, se afirma, “no existían los domicilios declarados como supuestos comedores”. Otro ejemplo de la ausencia de control de la ex cartera social que estuvo a cargo de los actuales diputados nacionales de Unión por la Patria, Daniel Arroyo y Victoria Tolosa Paz y del ex intendente de Hurlingham, Juan Horacio Zabaleta.

El caso emblemático de la denuncia es el del supuesto comedor “Gauchito Gil”: al intentar constatar su existencia, se determinó que “en su lugar en realidad hay un barrio privado”.

En “Sol de Barrio” no fue posible localizar la dirección, y los vecinos aseguran que allí nunca funcionó ningún comedor. En otros casos, ni siquiera existen nombres de los lugares en el registro, sino que se los identifica apenas con un número de expediente, pero que incluso al realizarse la inspección ocular se confirmó que tampoco existían”.

De las auditorías surgió que: “De la totalidad de los comedores “sólo se pudieron relevar la mitad 52,3%”. El restante 47.7% no pudieron relevarse debido a que: el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16%, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.

Por estas razones, la denuncia plantea que “la falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”.

Entre las tipificaciones del posible delito el escrito cita los de “incumplimiento de deberes de funcionario público y el fraude a la Administración Pública”

El escrito consta de 14 fojas. En la cuarta, se sostiene: “Lo cierto es que de las auditorías ya realizadas por este Ministerio de Capital Humano (y de las que se encuentran en curso actualmente también)surge que el Gobierno anterior no controló a los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas sociales ‘Argentina contra el hambre’”.

Ese programa había sido anunciado con bombos y platillos por la administración Fernández durante la pandemia del COVID-19, cuando se aseguró: “El Plan Argentina contra el Hambre se apoya en el fortalecimiento de las acciones que lleva adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Implica la promoción y fortalecimiento del Acceso a la Canasta Básica de Alimentos”.

En los spots publicitario se afirmaba que, “11,2 millones de personas reciben asistencia alimentaria en todo el país”, y se detallaba que desde enero de 2020 a julio de ese año se habían invertidon $69.745 millones en alimentos entregados posiblemente a muchos comedores que existían, pero otros que no. Ahora será la Justicia la que deberá investigar a dónde fueron esos alimentos y si en realidad salieron del ex Ministerio de Desarrollo Social.

En la denuncia de Pettovello también se aclaró que: “Sin perjuicio que el RENACOM (Registro Nacional de Comedores Comunitarios) es un ‘registro’, lo cierto es que el Estado Nacional debería haber controlado sistemáticamente a los comedores y merenderos durante los años en que estuvieron ‘matriculados’ pero nunca lo hizo, ya que no se verificaron actas labradas por los organismos estatales correspondientes a tal efecto”.

La responsable del RENACOM, creado en julio de 2020 estaba a cargo de Laura Alonso. La dirigente de La Cámpora era la Secretaría de Inclusión Social.

“El Registro permitirá contar con información precisa acerca de cada uno de los comedores y merenderos que distintas organizaciones de la sociedad civil llevan adelante en todo el país. De esta forma, lograremos mejorar las políticas públicas que estamos implementando para garantizar la seguridad alimentaria”, explicó en su momento Laura Alonso en conferencia de prensa junto al ministro Daniel Arroyo.

Sobre el tema, la denuncia de Capital Humano destaca: “Nótese que los comedores y merenderos del RENACOM gestionan alimentos (por miles de millones de pesos) que provienen de diversos programas sociales (PNDU, programas de desarrollo social, etc), por lo que, sin lugar a duda, el Estado Nacional debería haber controlado en forma eficiente lo que no ocurrió en dichos programas durante los años de gestión”.

Desde la cartera de Pettovello se explicó a este medio que la presentación judicial se realizó, “en el marco de la política activa anticorrupción y de transparencia emprendida por el gobierno nacional”. Y que “desde el 10 de diciembre de 2023, la cartera de Capital Humano ha realizado diversas auditorías dentro de las Secretarías y organismos que dependen de la cartera”.

El texto judicial también detalla que: “El 8 de enero de 2020 fue creado el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que tenía por objeto garantizar la seguridad alimentaria a sectores vulnerables y debía, en teoría, garantizarse el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios. Todo ello, con el contralor de la Secretaría de inclusión social que dependía del por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.

El proceso estableció un sistema de validación de los comedores por pasos que podrían resumirse de la siguiente manera: “1) preinscripción, 2) validación), 3) matriculación”.

Esa matriculación, se detalla en la denuncia, “se otorgaba por dos años y requería una revalidación a partir de esa fecha, caso contrario, no debía seguir siendo parte de los beneficiarios”.

Sin embargo, de las auditorías ordenadas por Pettovello sobre el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil, surge que “la gestión anterior del gobierno nacional no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería”.

“La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”, relata la presentación judicial a la que accedió este medio. (Infobae por Andrés Klipphan)